La Guerra del Pacífico

El sueño de la integración en nuestra región, ha sufrido muchos tropiezos, dolorosos recuerdos de falta de entendimiento y egoísmos de las naciones. Uno de los que lastimo de forma trascendente a tres países hermanos fue la guerra del Pacífico entre Chile, Bolivia y el Perú.

Bolivia nace en 1825, su territorio lo conformaría en esa época lo que se denominaba el Alto Perú y parte de la Audiencia de Charcas, que correspondía después de las reformas borbónicas al Virreinato del Río de la Plata.

Por otro lado, Chile, que logra su independencia gracias al genio militar y humanista del argentino José de San Martín quién entendía la necesidad de liberar al Virreinato del Perú (el alto y el bajo) para lograr la real independencia del sur del continente y que por razones geográficas tuvo que liberar a Chile.

Y el Perú, que después de la Nueva España (hoy México, sur de Estados Unidos, Centroamérica, Islas del Caribe y las islas Filipinas) era el imán político y militar del sud continente; en pocas palabras, la vida de las noveles repúblicas latinoamericanas tienen las mismas raíces, son los caudillos los que en sus ansias patrioteras tropicales dividen a los pueblos para que venzan sus egos.

Bolivia, tenía una salida al mar, según el tratado entre Bolivia y Chile de 1866 sería el paralelo 24 de latitud meridional desde el litoral del Pacífico hasta la cordillera de los Andes, el límite fronterizo de estas dos naciones. En el miso tratado, se consideraban las rentas y tributos que pagarían los particulares chilenos al gobierno boliviano por el uso y la explotación de la salitres y el guano en la región de Antofagasta. Por diferencias se modifica en tratado en el año 1874.

Para 1873 la chilena / británica “compañía de salitres y ferrocarriles de Antofagasta” firma un contrato con el gobierno de Bolivia para la explotación de recursos naturales en esa zona con libertad del pago de derechos por 15 años. Dicho acuerdo no es ratificado por el congreso boliviano y en 1878 tras una crisis económica, comienza la revisión de ese contrato rescindiéndolo en 1879.

En febrero de 1879, Chile le declara la guerra a Bolivia tras el anuncio de este último de la “reivindicación de las salitreras de Antofagasta” invadiendo el litoral boliviano.

Hay que recordar que en 1873 los gobiernos del Perú y Bolivia suscriben en secreto el Tratado de Alianza Defensiva, y el gobierno peruano busca una salida mediante un arbitraje internacional, pues las causas de la guerra no tuvieron su origen en un diferendo de territorialidad sino en asuntos comerciales originados por un particular. Chile al no aceptar el arbitraje, le declara la guerra a Perú en abril de 1879, lanzando una ofensiva naval a las costas del Perú, venciendo y logrando sitiar a Lima e iniciando la campaña terrestre. La capital peruana cae en manos chilenas en 1881, ya para estas alturas Bolivia, que no tenia ni barcos de guerra ni ejercito suficiente, se retira de la guerra. La Argentina, previendo el escenario busca firmar un tratado de límites fronterizos con Chile, ganando la soberanía de la Patagonia que estaba en disputa ya que Chile al tener a su ejército en el norte no podía darse el lujo de una campaña en el sur contra Argentina y el riesgo de perder mas territorio era latente.

La guerra concluye hasta 1883, cuando Perú capitula mediante el Tratado de Ancón, los departamentos sureños de Tarapacá y Arica, mientras Tacna regreso a ser del Perú. La firma de la paz con Bolivia fue hasta 1904 y en ese tratado Bolivia perdió su soberanía de tener una salida al mar, quedando encerrada en el corazón del continente junto con el Paraguay.

Hoy, este tema sigue siendo escabroso, pues Bolivia sigue reclamado una salida al mar, y más ahora que para vender sus ricos yacimientos de gas, debe de pagar una servidumbre de paso a Chile o Perú para exportar su riqueza energética vía marítima, Perú mantiene diferendos con Chile por los límites en las aguas del Pacífico.

Lo mas trágico de esta guerra, es que los niños de estos tres países, siguen viendo a sus vecinos con recelo, pues en sus libros de texto y las historias urbanas, el vecino es un peligro contra la soberanía de la patria, sin darse cuenta que por mas de 300 años todos estaban aglutinados por una misma unidad política y social: el Virreinato del Perú.

Vasconcelos, bien dijo a principios del siglo XX: La Patria urge mientras la Raza espera, esperemos que el siglo XXI le urja a nuestra Raza la unidad más allá de falsos patriotismos tropicales.

Centroamérica y Europa en diálogo renovado

Las negociaciones entre Centroamérica y la Comisión Europea −órgano ejecutivo de la Unión Europea (UE)− fueron renovadas recientemente mediante un diálogo celebrado en Bruselas, con el cual se pretende impulsar la cooperación para el desarrollo, el comercio y el diálogo político entre ambas partes.

El encuentro se desarrolla como la segunda ronda de negociación después del ya celebrado en San José de Costa Rica en octubre de 2007. En él participan 280 delegados y representantes de la sociedad civil organizada de los países centroamericanos –Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, éste último como observador.

En este diálogo, los temas de Cooperación para el Desarrollo y el fortalecimiento del diálogo político han sido trabajados como punto prioritario por la Unión Europea, partiendo desde la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, hasta la protección de los derechos de las mujeres y de los indígenas.

Este paso es una iniciativa fundamental para el trabajo entre Centroamérica y Europa, pero a pesar de que existen extensas similitudes en los objetivos de trabajo, existe también la posibilidad de encontrar temas que resultarán controversiales, como lo son:

1. El establecimiento de las pautas de una zona de libre comercio. De hecho, se dice que la Comisión Europea se declara dispuesta a liberar el 90% de flujos, de manera recíproca, pero todavía no ha precisado hasta donde es posible abrir el mercado agrícola, lo cual significa un ámbito clave para sus exportaciones.
2. La petición centroamericana de contar con salvaguardas comerciales. Con el fin de protegerse frente a los grandes y desmedidos aumentos de las exportaciones europeas.
3. La iniciativa Europea sobre el reconocimiento de la Corte Penal Internacional. Tomando en cuenta que no todos los países centroamericanos (El Salvador, por ejemplo) reconocen a la corte como la instancia que puede juzgar los crímenes contra la humanidad, hecho que da pauta a una amplia polémica para la redacción del primer capítulo de ésta reunión.

Se prevé que la base de este acuerdo traiga como resultado una alianza sólida entre la UE y Centroamérica como socios políticos, pero es necesario considerar sí los acuerdos a los cuales llegaran serán lo suficientemente correspondientes con las necesidades económicas de Centroamérica y de sus poblaciones, resguardando a su vez una relación sólida con la UE.

También es necesario pensar cómo están contribuyendo las mesas de diálogo −las cuales se realizarán hasta 2009− al proceso de integración regional en Centroamérica de una forma positiva, ya que al estar consolidando objetivos estratégicos externos −en este caso con la UE− es necesario pensar cómo pueden garantizar en el tiempo negociaciones comerciales que permitan la expansión del mercado; así como las acciones encaminadas al ámbito de la cooperación, incluso, pensada como una estrategia económica para Centroamérica.

¿Laicidad o laicismo?

Está en discusión en México una iniciativa de reforma constitucional para hacer explícito el carácter laico del Estado mexicano a costa, incluso, de poder vulnerar la libertad religiosa de ciertos ciudadanos, como por ejemplo los servidores públicos. Esta iniciativa, promovida principalmente por el PRI y el PRD, forma parte de una campaña de más largo aliento a la que se han sumado varios políticos, intelectuales y periodistas y que, confundiendo laicidad con laicismo, pretende borrar cualquier vestigio de religiosidad en la sociedad y generar una especie de moral cívica en la que el único referente sea el Estado.

Hay que diferenciar laicidad y laicismo. La primera es la condición no confesional y neutral del Estado a fin de garantizar la plena libertad religiosa y de conciencia de las personas; lo segundo es la actitud que intenta expulsar cualquier referencia religiosa de la agenda pública y negar el ámbito de lo sagrado. La laicidad es la garantía propia de una sociedad abierta y libre en la que todos puedan manifestarse y opinar y así lograr interrelaciones fecundas y enriquecedoras; el laicismo, en cambio, es profundamente intolerante y postula el dogma, tan opresivo o más que cualquier otro, de que no hay dogmas y que aquellos que creen en algo valioso y trascendental no tienen derecho a opinar y en muchos casos ni siquiera a existir de manera pública.

El diálogo es un elemento fundamental e insustituible en una democracia. Nunca podrá ser pleno si se excluye a priori a quienes emiten opiniones inspiradas en alguna fe religiosa; si en nombre de la pluralidad se exige la renuncia a las convicciones propias, al mismo tiempo que se busca instaurar un pensamiento único derivado de una cosmovisión inmanentista.

Cualquier iglesia debe tener la oportunidad de competir con otras agrupaciones planteando sus opiniones y juicios. Ya será responsabilidad de los ciudadanos aceptar o rechazar sus planteamientos y juzgar si éstos son racionales y razonables. No es propio de una democracia pluralista acotar a algún actor político o social, como pretenden los supuestos defensores del Estado laico con todos aquellos que no coinciden con sus planteamientos.

Confundir laicidad con laicismo es extraordinariamente peligroso. Nos puede conducir a una democracia limitada que no respete la libertad de conciencia de los otros y las diferentes opciones que se presentan frente a las conciencias libres. La laicidad del Estado no puede equivaler a ateísmo de éste, porque eso sería lo mismo que buscar imponer una creencia por la fuerza y caer así en los mismos vicios que se critican de los Estados confesionales. Defender la laicidad, en contraposición al laicismo, es defender la diversidad social frente a aquellos que quieren imponer pensamientos únicos o, peor aún, arrogarse el monopolio de lo que se debe discutir en la arena pública.