El presidencialismo ha sido el sistema de gobierno que han adoptado la mayoría de los países latinoamericanos, es posible encontrar variaciones constitucionales o al ejercerlo. Para este post se tomaron otros dos países además de México, Chile y El Salvador, para analizar algunas diferencias.
En los sistemas presidenciales existe el riesgo del hiperpresidencialismo, teniendo como condición un trade off entre el poder del Congreso y el del Presidente, por ello es necesario conocer y analizar los Poderes Legislativos y No Legislativos del Presidente, lo cual influye directamente en la calidad democrática e institucional de los Estados.
Del cuadro anterior pueden destacarse dos diferencias: 1) En Chile el Presidente tiene el derecho de introducción exclusiva y de decreto, lo cual permite un mayor control de la agenda, y 2) En México el Congreso tiene la capacidad casi ilimitada de hacerle modificaciones a la propuesta presupuestal del Presidente. El caso salvadoreño se asemeja mucho al mexicano, al menos en la información de éste cuadro.
En las dos últimas décadas del siglo XX la democracia empezó a ser aceptada en los países latinoamericanos como forma de gobierno; a mediados de los años setentas sólo Costa Rica, Venezuela y Colombia la habían adoptado, posteriormente lo hicieron la mayoría de los países de la región. Cada uno ha tenido un desarrollo democrático distinto, el cual se analiza a continuación a partir de dos indicadores: 1) Índice de democracia electoral (IDE) e 2) Índice de Desarrollo Democrático (IDD).
El cuadro anterior muestra los componentes básicos de la democracia, necesarios pero no suficientes para considerar un desarrollo democrático óptimo. Sólo se tomó en cuenta el año 2002, el último que presenta el Informe “La Democracia en América Latina, hacia una democracia de ciudadanos y ciudadanas” del PNUD. El rango del índice es de 0 (régimen no democrático) a 1 (régimen democrático). En el caso chileno se tiene un ligero retraso debido al componente IV.
Por otro lado se tiene el Índice de Desarrollo Democrático de América Latina IDD-Lat 2007 presentado por la Fundación Konrad Adenauer y Polilat.com, el cual busca medir la evolución democrática de las instituciones y las sociedades en 18 países de la región. El Índice esta compuesto por cuatro dimensiones: 1) Indicadores o atributos de la democracia formal (puede equipararse al IDE), 2) Respeto de los derechos políticos y libertades civiles, 3) Calidad institucional y eficiencia política y 4) Ejercicio efectivo del poder para gobernar.
Se considera que un país tiene un alto desarrollo democrático si el Índice es mayor a 7.5 puntos (como el caso de Chile), que tiene un desarrollo mediano si el Índice esta entre 4.51 y 7.5 puntos (como el caso de México) y que tiene un desarrollo bajo si es menor o igual a 4.5 puntos. Por lo anterior se eligió a un país que representará a cada uno de los niveles de desarrollo.
La dimensión a destacar es la III, la que tiene que ver con las instituciones. Entre los indicadores que la conforman se encuentra: percepción social de la corrupción, participación de los partidos políticos en el poder, elección de los jueces, existencia del Ombudsman, prensa libre, acceso a la información pública, entre otros. Cómo se puede notar en la tabla anterior, México se encuentra por debajo de los otros dos países, aun cuando en términos absolutos del Índice tiene una clara diferencia con respecto a El Salvador.
Lo anterior se atribuye a elementos coyunturales, la desestabilización ocasionada por las elecciones del 2006 y por lo tanto la crisis institucional que se produjo. Es conocido que los años electorales por lo regular implican variaciones de los estándares económicos, sociales y políticos; pero no debiera ser así en el caso de las instituciones.
El caso chileno es conocido por su progreso institucional, que ha producido un crecimiento y desarrollo económico destacado. La reducción o eliminación del manejo político de las instituciones han permitido a Chile ir un paso delante de todos los países estudiados en el IDD.
A manera de conclusión, sin poder realizar un análisis institucional exhaustivo en este documento, puede considerarse que el desarrollo democrático tiene una correlación con el progreso institucional. México se encuentra en el camino correcto, pero aún queda una brecha amplia para alcanzar los niveles de un país con alto desarrollo democrático. El tiempo apremia ante una sociedad de demócratas insatisfechos y con dudas del adecuado desempeño de los gobernantes.
jueves, 7 de febrero de 2008
domingo, 3 de febrero de 2008
La Constitución y los derechos indígenas
Al cumplirse 91 años de la promulgación de la constitución mexicana, tras sus cientos de reformas que la han convertido en un pequeño "Frankenstein jurídico" recordamos que en agosto de 2001 el diario oficial de la federación, publico las reformas al artículo 2°, la famosa "reforma indígena".
México tiene una población de mas de 12 millones de habitantes indígenas, significando estos casi un 10% de la población del país, distribuidos en mas de 64 grupos etnolingüisticos, y con una riqueza cultural inmensa, cuya cosmovisión se ha venido asimilando al modelo social mestizo occidental que dirige las riendas de la política, la educación y la economía del país.
Tras el éxito mediático que significo el zapatismo de finales del siglo XX y principios del XXI, (a pesar de muchas cercanías y discrepancias que tenga el que escribe este post con el movimiento) se logró colocar en la agenda pública / política la necesidad de reflejar en la constitución formal, lo que la realidad de la constitución material nos gritaba desde el nacimiento de la república en 1824: el reconocimiento de México como un estado pluricultural.
Partimos de la base que los países y los estados son construcciones sociales, finitos y temporales, pero la cohesión de la "nación mexicana" se sustenta en sus pueblos indigenas. El grán debate en ese año fueron los "acuerdos de San Andrés" que los signo el gobierno federal de Ernesto Zedillo y los Zapatistas, pero con dos grandes temas de discenso y falta de entendimiento: Las autonomías indígenas dentro del estado y la figura de reconocer a las comunidades indígenas como sujetos de interés público.
Si bien, pocos quedamos contentos con la reforma, fué un grán paso, tiene luces que nos acercan como el reconocer los usos y costumbres indígenas como fuente de derecho siempre y cuando no violenten los derechos humanos consagrados en el orden jurídico nacional; son pasos.
El gran freno para materializar las buenas intenciones de la reforma, es remitir la materia indígena al ámbito estatal, es decir, cada estado de la unión, legislará esta materia, pero existen muchos grupos y comunidades indígenas que no se asientan solamente en el territorio de un estado, son itinerantes, o tienen tradiciones de peregrinaciones cíclicas que no respetan la geografía abstracta de límites estatales... ¿que hacer en esos casos? ¿para los Huicholes lo que esta penado en Jalisco se permitirá en Nayarit? ¿los derechos de los Mayas en Chiapas no estarán protegido en Yucatán ? .... ¿que, se mantendrá la concepción de que los derechos del ser humano dependerán de su ubicación geográfica y la benevolencia del estado? - es pregunta-
Suscribirse a:
Entradas (Atom)